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LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS QUE DEBEN SURTIR EFECTOS EN ESTA UNIVERSIDAD

La legalización es el procedimiento de validación de las fimas de las autoridades que suscriben un documento mediante el cual se acredita la autenticidad de las mismas, con el objeto de su presentación en un Tercer país.

En el supuesto de títulos o certificaciones académicas, la legalización consiste, con caracter general, en el reconocimiento de la firma de la autoridad educativa que expide el documento original (no de aquella que avale su compulsa o traducción).

No se exige ningún tipo de legalización para los documentos expedidos en Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (los 28 países de la UE más Islandia, Liechtenstein y Noruega. Igualmente, se eximen de legalización los documentos expedidos por Suiza, por acuerdo bilateral con al Unión europea.

No será necesaria la legalización para los documentos expedidos en estos países; pero sí la traducción, en su caso, de los documentos al español.

En los demás casos, los documentos expedidos en el extranjero que quieran hacerse valer en estos procedimientos deberán estar debidamente legalizados con arreglo a las siguientes condiciones:

  • Documentos expedidos en países que han suscrito el Convenio de la Hayade 5 de octubre de 1961. Es suficiente con la legalización única o "apostilla" extendida por las autoridades competentes del país.
  • Documentos expedidos en el resto de los países: Deberán legalizarse por vía dipomática. Para ello el procedimiento generalmente establecido es el siguiente:
    • Ministerio de Educación del país de origen para títulos y certificados de estudios y en el Ministerio correspondiente para certificados de nacimiento y nacionalidad.
    • Ministerio de Asuntos exteriores del país donde se expidieron dichos documentos.
    • Representación diplomática o consular de España en dicho país.
TRADUCCIÓN DE LOS DOCUMENTOS EXPEDIDOS EN EL EXTRANJERO

El artículo 36.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, señala que la lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado será el castellano. En consonancia con ello, las normas reguladores de estos procedimientos exigen que los documentos expedidos en el extranjero que deseen hacerse valer en los mismos vayan acompañados de traducción oficial al castellano (cuando no estén expedidos en ese idioma).

La traducción oficial podrá hacerse:

  • Por traductor jurado, debidamente autorizado o inscrito en España.
  • Por cualquier representación diplomática o consular de España en el extranjero.
  • Por la representación diplomática o consular en España del país del que es ciudadano el solicitante o, en su caso, del de procedencia del documento.
  • Por un traductor oficial en el extranjero y debidamente legalizada la firma de dicho traductor oficial.

 

 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales


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